La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de un grupo de panaderos industriales en Iquique y Alto Hospicio, acusándolos de celebrar un acuerdo colusorio para alzar coordinadamente el precio mayorista del pan, entre noviembre de 2019 y agosto de 2022.
Según la FNE, los panaderos mantuvieron contactos y realizaron reuniones presenciales, impulsadas por los dirigentes Samuel Campusano y Marlene Martínez (también requeridos por la FNE), donde acordaron consecutivas alzas de precio, las cuales luego fueron difundidas a través de medios de comunicación locales y redes sociales.
La investigación se inició de oficio por la FNE a partir de notas de prensa en 2020 sobre anuncios de alzas en el precio del pan, seguidas de denuncias del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en 2020 y 2022 que alertaban sobre incrementos generalizados en la provincia.
En su requerimiento, la FNE solicitó multas por cerca de $65 millones en total para los involucrados, así como capacitaciones obligatorias en libre competencia.
