Valentina Chinni

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) implementar salvaguardas para evitar distorsiones en la licitación y operación de los terminales portuarios de Valparaíso. Destacó la necesidad de medidas estructurales y conductuales para prevenir riesgos de concentración y garantizar la competencia.La recomendación advierte sobre los riesgos asociados a […]

Una reflexión sobre la Executive Order del 21 de febrero de 2025 y las posibles implicaciones para el caso chileno.
El 21 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos emitió la orden ejecutiva “Defending American Companies and Innovators From Overseas Extortion and Unfair Fines and Penalties”, con el propósito de proteger a las empresas estadounidenses, incluidas sus filiales en el extranjero, de sanciones y multas que sean consideradas injustas, desproporcionadas o de carácter extorsivo por parte de gobiernos extranjeros.

La reciente sentencia dictada por la Corte Suprema en la causa Rol N° 251.306-2023, relacionada con el acuerdo colusorio en el marco de las licitaciones convocadas por CONAF – divulgado en los medios informativos como “El Cartel del Fuego” – marca un hito relevante en la discusión sobre los criterios de prescripción aplicables a las conductas anticompetitivas en Chile.

La semana pasada, se presentó la nueva Política Nacional de Inteligencia Artificial (IA), que incluye más de 100 medidas orientadas a diversos ámbitos. Entre ellas se destacan la formación de nuevos talentos, la mejora de la infraestructura tecnológica, la capacitación de la ciudadanía, el impulso a la industria y la creación de fondos de investigación dedicados a la IA. 

El TDLC rechazó la demanda de Enjoy S.A. contra Sun Dreams por presunta litigación abusiva. Analizó si las acciones judiciales carecían de mérito y tenían fines anticompetitivos

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS: NUEVA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS Dentro del sistema de prevención y persecución de los delitos, los expertos identifican cuatro etapas significativas: la prevención de los delitos, su detección, la investigación y persecución penal, y, finalmente, la sanción penal.  El Modelo de Prevención de Delitos (“MPD”) viene a abarcar las primeras