La publicación de la nómina preliminar abrió una consulta pública que generó más de 1.200 observaciones. El Resumen Ejecutivo publicado el 17 de noviembre sistematiza estos comentarios y ofrece una visión clara de cómo los distintos actores comprenden hoy la criticidad digital y los riesgos que enfrenta el país.
Una de las señales del documento es el amplio consenso respecto de ciertos servicios cuyo rol crítico es evidente. Las plataformas que permiten la función municipal fueron destacadas como esenciales para la continuidad del Estado local. La banca y los servicios financieros también concentran respaldo, en un país profundamente digitalizado. A ello se suma la infraestructura de telecomunicaciones y TI, descrita reiteradamente como la “columna vertebral” que sostiene al resto del ecosistema, si ella falla, todo falla detrás.
Pero el resumen también da espacio a una discusión necesaria, dónde están los límites del régimen OIV. Diversos participantes advirtieron el riesgo de extender la regulación más allá de lo que efectivamente es crítico, planteando casos de servicios que pueden operar offline o entidades pequeñas cuya interrupción no afectaría la continuidad sectorial.
Surge el debate sobre el rol de los intermediarios, varios cuestionaron que los revendedores de software puedan ser calificados como OIV cuando la continuidad recae en los proveedores SaaS, no en quienes realizan la comercialización. Este punto revela un desafío profundo para la ANCI, alinear la regulación con la arquitectura real de la industria tecnológica.
El resumen también recoge inquietudes recurrentes sobre duplicidades regulatorias, especialmente en sectores ya fiscalizados por otros órganos como la CMF, y sobre la necesidad de que las obligaciones sean proporcionales al tamaño, madurez tecnológica y capacidad de cumplimiento de cada entidad.
Y aunque las observaciones provienen de sectores muy distintos, el documento deja en evidencia tres consensos transversales, la necesidad de proporcionalidad en las obligaciones, una mayor claridad interpretativa en los criterios de criticidad y una coordinación regulatoria coherente que evite superposiciones y vacíos.
El proceso, por cierto, no termina aquí. Ahora corre el plazo para que la ANCI publique la nómina definitiva de OIV del primer grupo. Además, el próximo 30 de noviembre comenzará formalmente la calificación del segundo grupo de OIV, compuesto por sectores estratégicos.
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