La implementación efectiva del Modelo de Prevención de Delitos: del cumplimiento formal a la gestión real del riesgo

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.595 sobre delitos económicos, todas las empresas se enfrentan al desafío de ajustar sus Modelos de Prevención de Delitos (MPD) al nuevo estándar legal. Esta normativa refuerza la necesidad de contar con un modelo no solo vigente, sino también efectivamente implementado.

Un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) no puede ser entendido como un simple documento de respaldo. Su valor radica en su operatividad concreta dentro de la organización. De nada sirve un modelo técnicamente elaborado si no se difunde, no se capacita al equipo, no se monitorea su cumplimiento o no se corrige cuando fallan los controles.

La efectividad del modelo no exige infalibilidad, pero sí evidencia de esfuerzos serios y sostenidos en la gestión de riesgos. En este sentido, contar con procedimientos claros, un canal de denuncias funcional y una investigación interna objetiva y oportuna ante eventuales incumplimientos, resulta determinante.

La nueva ley también introduce una exigencia adicional: la evaluación periódica del modelo por parte de un tercero independiente. Ya no basta con implementar; ahora es obligatorio someter el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) a una revisión externa que dé cuenta de su ajuste al estándar legal y su adecuación a la realidad de la empresa.

Esto plantea nuevos desafíos para las organizaciones:

Garantizar la independencia y objetividad del evaluador.

Contar con una metodología de revisión alineada con los requisitos legales.

Incluir en el análisis a la alta dirección y verificar su real compromiso con el cumplimiento.

En definitiva, el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) debe ser una herramienta viva, dinámica y alineada con la cultura y estructura organizacional. Lo que está en juego ya no es solo la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino también su capacidad para demostrar una gestión ética, preventiva y reactiva de los riesgos legales.