El fallo estableció que Entel violó varias disposiciones de la Ley de Competencia Desleal (Ley N° 20.169), al emitir comparaciones comerciales sin respaldo verificable y afirmar hechos susceptibles de confundir a los usuarios durante campañas de captación de clientes.
Sin embargo, la Corte Suprema revocó la condena de pago de indemnización por $2.200 millones que había ordenado la Corte de Apelaciones de Santiago en 2023, al concluir que no se acreditó de manera idónea y suficiente el impacto económico concreto sufrido por WOM en relación con la infracción.
En su sentencia, los ministros del máximo tribunal señalaron que, si bien se acreditó la conducta desleal —como la difusión de datos incorrectos o comparaciones no sustentadas—, no existió prueba idónea para inferir el alcance del daño reclamado por la demandante.
Entre otros argumentos, la Corte Suprema sostuvo que el informe económico acompañado por la demandante para acreditar el daño carecía de todo valor probatorio, por cuanto no se trataba de un peritaje decretado por el tribunal, sino de un informe privado, que solo fue ratificado en juicio por sus autores en calidad de testigos, lo cual sería improcedente conforme a las reglas que rigen la prueba en esta clase de juicios. Además, indicó que el informe no habría sido idóneo para inferir algún hecho relevante que pudiese servir de base a una presunción judicial, por cuanto sus conclusiones se elaboraron a partir de diversos modelos económicos que entregaron resultados disímiles, sin que existiese otro elemento de convicción para corroborar los datos y decidir acerca de una de las alternativas desarrolladas.
El caso se remonta a una disputa iniciada en 2018, cuando WOM acusó a Entel de prácticas comerciales contrarias a la buena fe y las normas de competencia leal durante una campaña de portabilidad de clientes.
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