El estudio concluye que la competencia en la educación superior enfrenta tres grandes limitantes estructurales. La primera se relaciona con fallas en la toma de decisiones de los estudiantes, quienes enfrentan un entorno de alta complejidad informativa, múltiples variables y escasa orientación vocacional. Según la Fiscalía, esta situación reduce la presión competitiva sobre las instituciones, al impedir que los estudiantes comparen efectivamente atributos relevantes como empleabilidad, duración real de las carreras o retornos económic
La segunda limitante corresponde a déficits en la divulgación de información relevante por parte de las instituciones. Las instituciones de educación superior, señala la FNE, no cuentan con incentivos suficientes para transparentar datos sobre calidad, resultados laborales o costos efectivos, lo que genera asimetrías informativas que dificultan decisiones racionales y perpetúan comportamientos poco competitivos. Este desajuste entre lo que los estudiantes valoran y lo que las instituciones comunican afecta la competencia por atributos sustantivos, como calidad académica y desempeño profesional, desplazándola hacia factores secundarios como marketing o prestigio percibido.
La tercera limitante se vincula con barreras regulatorias que distorsionan el campo competitivo. Entre ellas, la FNE destaca las asimetrías entre universidades estatales y privadas derivadas de diferencias en sus marcos de gestión y control, la distribución histórica del Aporte Fiscal Directo, que mantiene inequidades en el acceso a financiamiento público, y la obsolescencia del régimen de títulos y grados, que restringe la movilidad estudiantil y la comparabilidad entre programas. Estos elementos, advierte el informe, reducen la eficiencia del sistema e impiden que las instituciones compitan en igualdad de condiciones.
En cuanto a las recomendaciones, la FNE propone un conjunto de medidas agrupadas en tres ejes. Primero, fortalecer la toma de decisiones de los estudiantes, mediante una orientación vocacional continua durante la enseñanza media, capacitación docente en el uso de herramientas como MiFuturo.cl y la creación de sistemas personalizados que entreguen información objetiva sobre empleabilidad, ingresos y deserción. Segundo, mejorar la transparencia y calidad de la información disponible, a través de una plataforma digital centralizada e interactiva, la incorporación de un hito informativo obligatorio en el proceso de admisión, y mayores exigencias de divulgación y seguimiento a egresados por parte de las instituciones. Finalmente, reducir las barreras regulatorias que distorsionan la competencia, mediante un régimen más flexible para las universidades estatales, la modernización del mecanismo de asignación del Aporte Fiscal Directo y la actualización de la normativa sobre títulos, grados y movilidad estudiantil.
En su informe, la FNE enfatiza que el desafío principal es fortalecer los mecanismos competitivos dentro del sistema, promoviendo decisiones más informadas, mayor transparencia institucional y una regulación moderna que elimine distorsiones injustificadas.
La Fiscalía abrió un proceso de consulta pública, vigente hasta el 6 de diciembre de 2025, para recoger observaciones y antecedentes que serán considerados en el informe final, previsto para comienzos de 2026.
